La Junta de Andalucía aprueba el plan de ajuste con el apoyo de IULV-CA

Martes, 19 de Junio de 2012 16:08

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto-ley que recoge su plan de ajuste económico-financiero para el periodo 2012-2014, que entrará en vigor "de forma inmediata" y se aplicará en las próximas nóminas que se abonen en el mes de julio...

Agencias/Kaosenlared

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto-ley que recoge su plan de ajuste económico-financiero para el periodo 2012-2014, que entrará en vigor "de forma inmediata" y se aplicará en las próximas nóminas que se abonen en el mes de julio, según ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

 
 En rueda de prensa al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Martínez Aguayo ha puesto el acento en que este plan de ajuste, que la Junta quiere que se tramite en el Parlamento como proyecto de Ley,  opta por "repartir trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad" con el objetivo de "mantener el máximo empleo sin privatizar servicios públicos".

  Según la titular de Hacienda, la Junta "acata por responsabilidad" las exigencias del Ejecutivo central aunque mantiene un "profundo desacuerdo" con los criterios relativos a la fijación del objetivo de déficit, si bien ha querido dejar claro que la Junta va a realizar un "importante esfuerzo" para cumplir los objetivos de estabilidad fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el conjunto de las comunidades autónomas.


 En rueda de prensa al término de la reunión semana del Consejo de Gobierno, Martínez Aguayo ha puesto el acento en que este plan de ajuste, que la Junta quiere que se tramite en el Parlamento como proyecto de Ley,  opta por "repartir trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad" con el objetivo de "mantener el máximo empleo sin privatizar servicios públicos". El decreto del plan de ajuste será remitido al Parlamento para su tramitación como proyecto de Ley.
  
Según la titular de Hacienda, la Junta "acata por responsabilidad" las exigencias del Ejecutivo central aunque mantiene un "profundo desacuerdo" con los criterios relativos a la fijación del objetivo de déficit, si bien ha querido dejar claro que la Junta va a realizar un "importante esfuerzo" para cumplir los objetivos de estabilidad fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el conjunto de las comunidades autónomas, aunque discrepa del reparto del déficit y de que se haga en función del PIB y no de la población.
 
 Ha querido dejar claro que la Junta ha buscado el máximo consenso con los representantes de los trabajadores, algo que no ha sido posible obtener para la aplicación de las medidas. Ha agradecido la actitud de los sindicatos en el proceso negociador y que hayan puesto propuestas sobre la mesa. Ha insistido en que las medidas que el Gobierno central ha "impuesto" en relación con la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos hubiera supuesto el despido de 24.000 trabajadores a jornada completa.

 

  Sin embargo, en Andalucía el ajuste se va a llevar a cabo, según ha recalcado, manteniendo el máximo empleo público y sin cerrar servicios públicos ni privatizar. Preguntada sobre si los consejeros de IU en el Gobierno han expresado alguna discrepancia con este plan de ajuste, ha querido dejar claro que Andalucía cuenta con un Ejecutivo unido, donde desde el minuto uno se han tomado decisiones de manera dialogada.

   En relación con el plan inicialmente diseñado, la norma introduce novedades en el ámbito del personal, con el compromiso de mantener el máximo empleo público posible y la garantía de que ningún empleado público percibirá una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa como consecuencia de la aplicación del Decreto-ley.

  Asimismo, se reconoce expresamente que las medidas en materia de personal tienen carácter excepcional y temporal, esto es, estarán vigentes únicamente durante los ejercicios 2012 y 2013, siempre que los ingresos de la comunidad recobren vías de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
 
 Respecto a las retribuciones, se fija en un 7,5 por ciento, en lugar del 5 por ciento inicialmente previsto, la reducción de los sueldos de los altos cargos de la Junta (Presidente y consejeros y asimilados). También se modifica la reducción de jornada y bajada proporcional de retribuciones del personal temporal al servicio del sector público andaluz, que será del 10 por ciento frente al 15 por ciento anunciado anteriormente.
 
 Para el personal funcionario de carrera e interino y el personal eventual se reducen hasta el 1 por ciento los complementos específicos de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre. La cantidad que se abone por este concepto se descontará, prorrateándose, del complemento específico de las retribuciones mensuales. De igual modo disminuyen en un 10 por ciento las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable (productividad, incentivos al rendimiento y consecución de objetivos).

  En el caso del personal laboral, se reducen las retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de las pagas adicionales del complemento de convenio y del complemento de puesto de trabajo, correspondiente a los meses de junio y diciembre.
 
 El personal docente de la enseñanza pública no universitaria y del Servicio Andaluz de Salud también verá reducidas sus retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de estas pagas adicionales. En el ámbito de la educación, este conjunto de medidas también será de aplicación al profesorado de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.
 
 Por su parte, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia experimentarán una reducción del 5 por ciento de sus retribuciones periódicas brutas anuales, que se efectuará prorrateada en las retribuciones mensuales con cargo al complemento provisional específico.
  
Respecto a las entidades instrumentales y los consorcios, se establece una reducción del 5 por ciento de la masa salarial, que será definida en el plazo de un mes en el ámbito de la negociación colectiva. Al personal directivo le será de aplicación el mismo régimen de retribuciones que a los consejeros de la Junta.

  Se suspenden las jubilaciones anticipadas y las ofertas públicas de empleo, con la salvedad de aquellas cuyas convocatorias ya han sido publicadas. De igual modo, se suspende la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales para la financiación de gastos corrientes. Otras medidas recogidas son la suspensión de la convocatoria y concesión de ayudas de acción social y de la jubilación anticipada.

La consejera ha manifestado que entiende "perfectamente" a los trabajadores públicos que están protagonizando protestas por ver que sus salarios se ven afectados como consecuencia de unas medidas del Gobierno central que son "tremendamente injustas e insolidarias" con Andalucía. Martínez Aguayo ha confiado en que las decisiones que ha tenido que tomar la Junta den resultado y ha insistido en que mirar solo al gasto es un camino equivocado para salir de la crisis y consolidar las cuentas públicas.

   Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez ha indicado que Andalucía es un claro ejemplo de la compatibilidad entre la defensa del estado del bienestar y el mantenimiento de unas cuentas saneadas. Ha indicado que el Observatorio de Dependencia ha situado a Andalucía en el podio de las comunidades en el desarrollo del sistema de atención de Dependencia y el Banco de España ha vuelto a ratificar que la deuda de esta tierra se sitúa muy por debajo de la media nacional.

RECHAZO TOTAL DE TODOS LOS SINDICATOS

Las áreas de función pública de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, Safja y Ustea han rechazado el plan de ajuste aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta, que "perjudica a los empleados públicos y a todos los ciudadanos, por la merma de la calidad de los servicios", ante lo que han anunciado, cada uno por su lado, la realización de nuevas movilizaciones, aunque no habrá una total unidad de acción de todas las centrales.

  En una nota, CSIF-A considera el de este martes un "día negro y de luto" para los empleados públicos y para la Comunidad tras el "decretazo" impuesto para aprobar el plan de ajuste "sin consensuarlo con los sindicatos presentes en la Mesa General de la Función Pública".

  En este sentido, el sindicato apunta que seguirá mostrando su "rotunda oposición" al mismo, ya que "las pequeñas modificaciones que se han producido son exiguas e insuficientes para esta central".
  
De esta forma considera que la reducción de los altos cargos ejecutada por el Ejecutivo andaluz, la reducción de sus salarios en un 7,5 por ciento, la bajada en un 10 por ciento, en vez del 15 por ciento inicial, al personal interino, y que los ajustes no afecten a los empleados públicos que cobran menos de 1.000 euros "sólo son pequeñas alteraciones que no palian, en absoluto, el tremendo atentado a los derechos de los empleados públicos que supone la aprobación, por imposición legal, de este plan de ajuste".
 
 El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, lamentó que no se hayan tenido en cuenta "las alternativas que hemos planteado en las diferentes mesas generales, algunas de ellas, como la reducción de los altos cargos y de los salarios de los políticos, refrendadas por más de 50.000 firmas". "Han planteado una negociación que no se ha producido, han indicado que estaban planteando alternativas que no se han llevado a cabo y han terminado aprobado por decreto el mayor atentado que han recibido los trabajadores desde su propia Administración", asevera.

  Heredia criticó "el preocupante cinismo con el que actúa ahora la Junta de Andalucía, indicando públicamente que no comparte el plan de ajuste que ella misma ha planteado, ha redactado, ha aprobado y ha impuesto", tras lo que apunta que CSIF-A seguirá su plan de acción contra el plan de ajuste y planteará sus alternativas en el trámite parlamentario que debe abrirse.
 
 Por su parte, fuentes de UGT-A aseguran a Europa Press que "rechazan completamente" dicho plan, y, aunque destaca el "esfuerzo" por parte de la Junta, considera que éste "ha sido totalmente insuficiente".
 
 "No nos parece que siga recayendo el mayor esfuerzo sobre el conjunto de los empleados públicos y los servicios públicos", han aseverado las fuentes, quienes advierten de que ello puede derivar en una pérdida de empleo público, asegura que "habrá despidos" y en un detrimento de los servicios.
  
CCOO también ha expresado su "contundente rechazo" al decreto ley de recortes aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz, que "incide negativamente en la calidad de los servicios públicos y en las condiciones laborales de los empleados públicos de la Junta", y ha indicado que trabajará para mejorarlo en el trámite parlamentario y, para ello, se reunirá con los tres grupos parlamentarios, toda vez que "no se da todo por perdido y se intentará mejorar el documento".
 
 El Área Pública de CCOO lamenta que no haya sido posible alcanzar en la negociación en el seno de la Mesa General del Empleo Público "otras alternativas que no afectasen al empleo y a los servicios públicos" y apunta que sigue con las movilizaciones, en unidad de acción con UGT, contra los recortes, "vengan de donde vengan", ya que esas medidas "son desproporcionadas e injustas; además de ser discriminatorias entre colectivos y restan derechos consolidados entre los empleados públicos además de mermar la calidad a los servicios".


   Hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el Plan de Ajuste que consolidan los mayores recortes al sector y servicios públicos en Andalucía de toda la democracia. Las medidas, no sólo erosionan las condiciones de trabajo de los y las empleadas públicos aumentando el horario semanal o degradando las retribuciones salariales sino que
además se ceban con los sectores más débiles.
 
 Este plan, además, degrada la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, especialmente en sanidad y educación, así como los servicios públicos externalizados (guarderías, centros de día, centros de menores...), etc.
 
Los trabajadores y trabajadoras del sector público –muchos de ellos y ellas en situación de precariedad laboral y con sueldos mileuristas– son la principal garantía de una buena prestación de los servicios públicos. Cualquier ataque a las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicos tiene como consecuencia un empeoramiento de los servicios públicos que redunda negativamente en los derechos sociales adquiridos durante décadas de lucha.

   Estas medidas se nos presentan como inevitables, de obligado cumplimiento, todo ello adornado con el sanbenito de que hay que sacrificarse para salir de la crisis. Digámoslo claro: estas medidas neoliberales no nos sacan de la crisis, al contrario deprimen aún más la economía y sólo sirven para liberar dinero público, dinero de todos y todas, para seguir financiando la deuda de los bancos.
 
El Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) ha declarado que rechaza frontalmente estas medidas y su justificación.


    Por su parte, el secretario general de Safja-A, Carlos Sánchez, ha reconocido a Europa Press que tras esta aprobación del plan de ajuste, siento "mucha indignación y asco", toda vez que "270.000 trabajadores, entre funcionarios, estatutarios de sanidad y laborales verán recortados sus salarios para pagar una administración paralela de miles de enchufados que son adeptos y adictos al partido, esto es muy injusto y va a revertir sobre la sociedad andaluza, pues la calidad de la prestación de los servicios va a disminuir".
  
En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha recordado que "miles de opositores a un empleo público pierden la esperanza de conseguir un empleo de calidad y deberán guardar los libros; y todo ello para mantener y pagar a una casta de privilegiados, es muy injusto".

El portavoz de Safja considera que este plan "es una declaración de guerra contra esos 270.000 trabajadores, y vamos a contraatacar y defendernos", por lo que preparan nuevas movilizaciones y acciones, toda vez que "los empleados públicos no podemos pagar los platos rotos de la mala gestión de los políticos ineptos y corruptos de la Junta que han despilfarrado mucho dinero".

  "No nos vamos a quedar quietos ni nos vamos a quedar de brazos cruzados e iremos donde tengamos que ir, llevando a cabo también acciones judiciales", ha agregado este portavoz, quien ha recordado que el Gobierno vasco, también del PSOE, ha anunciado que recurrirá la aplicación de la jornada de 37,5 horas porque invade competencias autonómicas.
  
Safja asimismo lamenta la "ausencia de negociación" y ha anunciado que recurrirán las cuatro mesas generales celebradas "porque no se ha negociado con todas las fuerzas sindicales y había dos federaciones que sí tenían derecho a estar en las mesas". En ese punto, ha criticado el "poco compañerismo y la falta de unidad sindical porque tres sindicatos han entrado al trapo y se sentaron en la mesa".
 
 Por último, ha criticado las palabras de algunos miembros de la Junta, de forma que "no pueden decir que estos recortes vienen desde Madrid, porque es mentira, ni tampoco pueden decir que recortan una 'mijita' a los empleados públicos, pues ello supone una falta de respeto a los trabajadores".
 
 Por su parte, Ustea denuncia el perjuicio que causan los recortes a todos los empleados públicos, aunque considera que las medidas más lesivas "se ensañan con el personal temporal, tanto  laborales como  interinos, recortando el salario entre el 10 y 15%, que además es  mucho más, con el importe de los complementos adicionales de  las pagas extraordinarias, medida impropia de un Gobierno que se define como "progresista".
 
 En una nota remitida a Europa Press, Ustea alerta del "peligro que supone para el mantenimiento del empleo, la amortización de las plazas vacantes dotadas" y muestra su "más rotundo rechazo" al recorte salarial que quiere "imponer" la Junta y que supone "cargar nuevamente contra los empleados públicos, toda la responsabilidad de la actual situación de crisis económica y financiera". Denunciamos de forma contundente, el perjuicio de este colectivo.
 
 "Los empleados públicos no son los culpables de los altos niveles de endeudamiento y déficit público que acumula el Estado Español ni la comunidad andaluza", agrega Ustea, que apunta que "se intenta, sin éxito hasta el momento, conseguir una unidad sindical, para dar una respuesta contundente en la calle ante  la agresión del Gobierno Andaluz, intentando consensuar lo que nos une a todos los sindicatos, con el lema claro de 'No a los recortes, no a los despidos'".

Apoyo "por responsabilidad" de IU. 

La dirección de IULV-CA ha difundido un boletín informativo en el que justifica su apoyo al plan de ajuste que aprueba este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "por responsabilidad", aunque admite que tiene la "tentación" de declararse "insumiso", y destaca que su "esfuerzo" ha permitido introducir "algunas mejoras" como que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos o que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente.

  
En dicho boletín, recogido por Europa Press, IULV-CA señala en primer lugar que "no es responsable" de los ajustes que recoge este plan, "que corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado por IU", y responsabiliza al Gobierno de Mariano Rajoy de la necesidad de aplicar estas medidas tras el "brutal recorte que han supuesto sus políticas para Andalucía en su financiación, especialmente en los fondos destinados a políticas sociales (sanidad, educación y dependencia) y a la inversión pública".

  "Andalucía sufre una doble intervención: la que corresponde al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera específica del Gobierno Rajoy, que ha profundizado en unas recetas económicas que no sirven para nada", añade la federación de izquierdas, que apunta que, "ante esta situación, en IU tenemos la tentación de declararnos insumisos, y lo haríamos si eso resolviese el problema, un problema que hay que describir gráficamente como situación de cajas vacías en una Andalucía doblemente intervenida".
  
En este sentido, IULV-CA señala que "podríamos entregar la llave e irnos, pero por responsabilidad seguimos, al menos de momento, porque irnos significa que venga la derecha, por una vía o por otra, y eso conduce a lo mismo", ya que se muestra convencida de que "la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral del señor Rajoy, y privatizaciones a todos los niveles", algo que, según subraya, "supera para IU los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto".

   Tras subrayar que "aquí no hay un recorte impulsado por la Junta, sino un único recorte que viene desde el Gobierno del PP", la federación de izquierdas pone en valor su trabajo para "propiciar el diálogo para conseguir mejoras en las propuestas iniciales del plan de ajuste financiero" con el objetivo de que "su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales".
  
Entre dichas mejoras, IULV-CA cita que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos; que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente; que "no habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas" ni tampoco "despidos en la administración autonómica"; que se reduzca el sueldo de los altos cargos en un 7,5 por ciento frente al 5 por ciento inicial; y que se recoja el compromiso de "reponer la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de diciembre de 2013.
 
 "Como el plan de ajuste se tramita en el Parlamento andaluz como proyecto de Ley, en el debate parlamentario todavía habrá posibilidades de introducir algunas enmiendas que mejoren su contenido, siempre desde la perspectiva del no a los despidos, a las privatizaciones y al recorte de servicios fundamentales. Esa es la voluntad y el compromiso de IULV-CA", concluye el boletín informativo.
 
 Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha afirmado este martes que el recorte "impuesto" por el Gobierno de Mariano Rajoy, en relación al plan de ajuste económico de la Junta, se está gestionando en Andalucía "de la mejor manera posible, no habiendo ninguna comunidad autónoma que resista la comparación con Andalucía en materia de destrucción de empleo o privatizaciones de servicios públicos".
 
 En declaraciones a Europa Press, Castro se ha pronunciado así después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado el decreto del plan de ajuste económico, tras "paralizarlo" hace algo menos de un mes para iniciar una negociación con los sindicatos de la función pública, que finalmente no ha derivado en ningún tipo de acuerdo.
 
 El dirigente de izquierdas, que se ha mostrado "bastante satisfecho" con el contenido final del decreto, ha explicado que IULV-CA, al día siguiente de anunciarse el contenido del anterior plan, ya denunció "la falta de progresividad y lo desprotegidos que quedaban los empleados públicos con rentas más bajas".

  "Ése es un tema que se ha recogido bien en el nuevo plan y además hemos podido aminorar a los interinos la carga que iban a tener e incluir la reversibilidad de los derechos", ha señalado el portavoz parlamentario de IULV-CA, quien ha hecho hincapié en que se intentará hacer más cambios en la tramitación parlamentaria como proyecto de ley.
 
 No obstante, ha dicho ser consciente de que el margen de maniobra "no da mucho más de si". "Pero aún así estamos trabajando si algunas cuestiones se podrían incluir en ese trámite", ha explicado Castro, quien ha apuntado que él defenderá en el Parlamento la posición del Gobierno andaluz en relación al plan de ajuste y sus contenidos, "dejando claro que estamos en contra esos recortes y de esa política suicida".

  Tras insistir en que Izquierda Unida ha hecho "todo lo posible" para que el plan de ajuste fue "lo menos dañino posible", el portavoz parlamentario ha considerado que dicho esfuerzo ha quedado "patente". "A Andalucía le llegan 2.700 millones menos y hay que decidir dónde se deja de ejecutar", ha afirmado Castro, quien ha considerado que "seguramente todo es mejorable".

   Finalmente, ha querido dejar claro que IULV-CA niega la necesidad de estos recortes y una política "que lo único que hace es incrementar los niveles de deuda de nuestro país y de las comunidades autónomas". "Negamos también el plan de estabilidad que castiga a las comunidades y estamos en contra de un sistema que hace posible rescatar a la banca y no a la ciudadanía", ha concluido.

GORDILLO Y LA CUT RECHAZAN LOS RECORTES Y CRITICAN A LA DIRECCIÓN DE IULV-CA

El diputado de IULV-CA en el Parlamento andaluz por Sevilla y portavoz  del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha criticado este martes el respaldo de la federación de izquierdas al plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno y ha lamentado que la presencia de IULV-CA en el Ejecutivo se limite a "bendecir" lo que califica como "puñalada trapera por la espalda a funcionarios y trabajadores públicos".

 
 "Los recortes que se acaban de aprobar por el Gobierno son una puñalada trapera por la espalda a los funcionarios y a los trabajadores", ha asegurado el líder jornalero, que también ha pedido que le aclaren "en qué lugar del programa de IULV-CA o del pacto con el PSOE-A aparecen los recortes que ahora tan alegremente se aprueban".
 
 Tras preguntarse sobre si el apoyo a estos "recortes" supone "rebelión o rendición frente al mercado capitalista", Sánchez Gordillo ha apuntado que "no valen excusas de ningun tipo" para IULV-CA porque "los recortes son infumables" y ha subrayado que "gobernar para bendecir recortes es ponerse de rodillas frente a la dictadura del mercado capitalista de manera simplemente objetiva".