La mala imagen de España.-

Jose María Delgado

6 de marzo de 2012

Hace escasos días , el señor Rajoy , se refería indirectamente a las movilizaciones de estudiantes y ciudadanos contra  los recortes y sus consecuencias en la Comunidad Valenciana y las repugnantes imágenes que  hemos visto por televisión de las brutales cargas policiales para reprimir a la ciudadanía,  indicando que se estaba dando una mala imagen de España en el extranjero.  Durante varios días algunas cadenas de tv. en los telediarios de máxima audiencia pasaron esas imágenes en las que policías despersonalizados golpeaban con saña a personas que solo estaban en aquél lugar, o que solo pasaban por allí o que se manifestaban de manera notoriamente pacífica, eso lo vimos algunos millones de españoles, de modo que solo el cinismo y la solidaridad con la escala de subordinados que están detrás de la porra del guardia, con el discurso que amenazaba con mano dura, con enviar a la fuerza a actuar sin contemplaciones, (en ocasiones con alusiones a la ocupación de las plazas por el 15M y la supuesta complacencia del gobierno anterior) puede inspirar esas preocupadas palabras con la imagen del España en el extranjero.  

Las mentiras y despropósitos alrededor de las manifestaciones de Valencia y de la actuación policial se prodigaron los días siguientes, así el ministro de justicia, Gallardón, ha advertido de que no hay que "llevar las simpatías a los que atacan" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En una entrevista en RNE, Gallardón ha subrayado que los agentes policiales han sido "violentamente agredidos" y han actuado "obligados" por la violencia de las protestas estudiantiles, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha dicho en la Cope que "hay que acabar con las protestas violentas" que "no respetan el derecho de manifestación" para no generar un "efecto llamada". Tampoco la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha querido hacer autocrítica y ha afirmado que las manifestaciones y protestas estudiantiles responden a "una estrategia predeterminada de la izquierda". En una entrevista a una emisora catalana, el ministro del interior, Fernández Díaz ha calificado de "poco afortunadas" las palabras pronunciadas  por el Jefe Superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, que se refirió a los manifestantes como "el enemigo" para negarse a cuantificar los efectivos policiales que se desplegaron por el centro de Valencia el pasado 20 febrero:  "No voy a proporcionar esa información al enemigo", dijo. "Errar es de humanos", ha señalado el ministro que ha dicho "entender lo que quería decir" pero reconoce que no lo hizo "de la manera más afortunada", abundó Fernández Díaz en que ha podido haber "algún exceso" y alguna "actuación desproporcionada"  en la acción de la policía ante las protestas de estudiantes en Valencia. El ministro ha defendido, en general, la acción policial y ha limitado esos excesos a "alguna actuación individual". Rajoy, desde Londres: “Si todos actúan con mesura, esta situación no va a repetirse", ha afirmado en presencia del primer ministro británico, David Cameron. "Los españoles no podemos dar una imagen de país que no es la que es", afirmó respecto a la repercusión que los sucesos de Valencia han tenido en la prensa internacional.

Antonio Moreno, el jefe superior de Policía de Valencia, que hace unos días se lució refiriéndose a los estudiantes  manifestantes como “el enemigo”, nos enteramos que perteneció a la Brigada Político Social (policía política franquista) durante el periodo 1975-1977, encargándose, curiosamente de controlar y reprimir al movimiento estudiantil fue precisamente nombrado para el cargo por Pérez Rubalcaba en 2008 siendo ministro del Interior. Los escrúpulos de los gobiernos del PSOE para condecorar y promocionar a antiguos torturadores o miembros de la policía política franquista (BPS) son bien conocidos, o sea, ningunos, los mismos que para mandar a la policía a cargar cuando les ha inquietado las movilizaciones populares o han pretendido dar ejemplos admonitorios.

Pero en esta “Primavera valenciana” de rebeldías ni la sospechada y genética, gubernamental actitud represiva ni la explícita y anunciada han logrado sobreponerse a la determinación y a la razón indignada de estudiantes y ciudadanía: después de haber amenazado con la represión, con “hacer cumplir la ley" decían, apuntando al15M, la policía se retira de las calles o se esconde, mientras el movimiento creció en los días siguientes ganando audiencia y solidaridad en Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla, mientras la policía permanecía en pasividad, logrando así el movimiento que el gobierno Rajoy tuviera que envainársela después de tantas amenazas de que ellos no tolerarían lo que el gobierno Zapatero consintió al movimiento de los indignados.

La imagen de España no quedó por los suelos solo por la represión brutal a los bachilleres valencianos del IES “Lluis Vives” que protestaban por no tener calefacción en clase, la electricidad cortada a la Generalitat valenciana por falta de pago, no es el único país el nuestro supuestamente democrático avanzado o estado “de derecho” donde la policía se prodiga a modo contra manifestantes, (contaba Haro Tecglen, que los “flics” franceses llamaban “passer le tabac » a golpear sucesivamente las espaldas de los manifestantes haciendoles pasar de uno a otro como a través de un túnel) lo que resulta menos corriente es que ante el clamor popular  tras aquella represión nadie dimitiera, ni la delegada del gobierno en la comunidad , Paula Sánchez de León ni mucho menos el ministro del ramo, ni el jefe de policía que resultó ser un antiguo policía político franquista, así que, en efecto, sr. Rajoy, tenemos problemas de imagen y no precisamente por la actitud ciudadana de protesta y resistencia ante los recortes que Bruselas nos impone.

Mentar la imagen de España en estos días es mentar la soga en casa del ahorcado: Baltasar Garzón, el controvertido juez que procesó a Pinochet por delito de crimen contra la humanidad, que se atrevió a tratar de hacer algo de justicia con los víctimas de los crímenes de la dictadura franquista (además de incoar otros procesos menos democráticamente loables, sobre todo en relación con la extensión del concepto “terrorismo” apoyándose en leyes altamente controvertidas y cuestionadas desde instancias nada simpatizantes con las reivindicaciones secesionistas de los nacionalistas periféricos) ha sido condenado por el llamado “caso Gürtel” a 11 años de exclusión de la carrera judicial por el delito de prevaricación, a abandonarla, vamos,  por haber practicado escuchas ilegales entre personas encarceladas (por fraude, cohecho y malversación de fondos, vinculados al partido del gobierno en la Comunidad Valenciana)  y sus abogados.  Fue en cambio absuelto por el Tribunal Supremo por el caso de la memoria histórica del delito de prevaricación del que estaba acusado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, no sin recibir rapapolvo descalificatorio en el texto de la sentencia, recordando que en el tiempo en que transcurrieron los hechos no existía el delito de “crimen contra la humanidad” objeto de la instrucción de Garzón; sobre  la ley de Amnistía de 1977, el tribunal destaca que fue “un instrumento de reconciliación y no una ley de autoamnistía como las que se otorgaban algunos dictadores del cono sur”, ¡y ello a pesar de ser una ley preconstitucional! asimismo  recuerda el tribunal que tal ley que está vigente y que solo el Parlamento puede derogarla si lo desea, pero no los jueces.

Es evidente que el riesgo de simplificación, reduccionismo, se acrecienta con la lejanía y ausencia de familiaridad con los hechos, pero no lo es menos que la valoración política que se ha hecho en España de la expulsión de Garzón de la carrera judicial adolece de apriorismos interesados, árboles que impiden ver el bosque, no digamos desde ámbitos del Partido Popular pero también desde el PSOE donde no se olvida el papel de Garzón en el descubrimiento y desmantelamiento del terrorismo de estado de los GAL que le costó el gobierno y el encarcelamiento de la cúpula del ministerio de interior, idéntica animadversión recibe Garzón desde los medios abertzales y en general pro-nacionalistas, por su utilización de la ley de partidos (fuertemente contestada en medios jurídicos progresistas) y su falta de escrúpulos en relación con las garantías de prevención de torturas a detenidos abertzales. Con tales mimbres es obvio que el escándalo que debiera haber suscitado la defenestración de Garzón por el Supremo, que ha dejado el crédito de la Justicia en España en su más baja cota a ojos de observadores internacionales, ha encontrado suficientes dosis de sordina para no producirse, en especial desde la izquierda se ha valorado poco la ubicación del TS en campo ideológico del consenso constitucional, acorazándose en la Ley de Amnistia de 1977 y ensalzando sus supuestas virtudes “apaciguadoras” ¡cuándo tanto el pujante Movimiento Obrero de la época como la izquierda partidaria, y la ciudadanía en general vivíamos bajo la permanente amenaza del golpe de estado militar!

La condena supone una “tragedia para la magistratura, el poder judicial y la democracia”, según Jiménez Villarejo, ex-fiscal anticorrupción quien ha insistido en el “atropello del Tribunal Supremo, que no es digno de ser supremo ni tribunal”. Se ha declarado sorprendido por la unanimidad del TS “ante un hecho tan grave” y ha recordado que algunos de sus integrantes como Varela y Marchena no debieron formar parte del proceso ya que “había demostrado su enemistad con Garzón”.

Para terminar, y venciendo cierta repugnancia es imposible olvidar que en estos días está siendo juzgado Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina de Borbón y yerno del rey, por un delito de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación. El caso Palma Arena investiga un supuesto uso irregular de fondos públicos por el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin que, según la Fiscalía Anticorrupción, recibió casi seis millones de euros entre 2004 y 2007 de varias administraciones públicas, sobre todo de los Gobiernos regionales de Baleares y Valencia. Las investigaciones  apuntan a que el supuesto desvío de fondos se produjo a través de sociedades de las que eran propietarios y administradores  Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. (de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento), Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center for Stakeholder Management.

Todo el ruido mediático que el caso genera, con escalas profundas en los medios “del corazón” y programas de televisión basura donde el morbo se adivina entre sospechas sobre el conocimiento de las actividades delictivas del duque por parte de la casa real, el exilio “preventivo” de los duques en Washington (a donde llega enviado Urdangarin por Telefónica como ejecutivo) , la posible imputación de la infanta que nunca se produce, no alcanzan a ocultar que el tratamiento mediático viene actuando como cortafuegos en torno a la familia real que ha venido finalmente  a definir sus contornos protocolarios entre la reina, el rey, el príncipe Felipe y su esposa Leticia. Hay que soltar lastre.
Síntesis del tratamiento mediático y su significado político último viene a ser el editorial del diario EL País, del 4 de marzo:

 “…que el yerno del Rey responda ante la justicia por el manejo de sus negocios privados demuestra que se encuentra tan sometido a los órganos jurisdiccionales como cualquier otro español. A raíz de estos sucesos, sin embargo, algunos han pretendido que la familia real se encuentra cuestionada por la opinión pública, pese a que la ovación parlamentaria así lo desmiente. Otros pretenden alimentar un debate sobre la jefatura del Estado que no es más que una contorsión intelectual y mediática que la sociedad española debe rechazar con toda contundencia. El Rey y su heredero encarnan la legitimidad constitucional de la Monarquía. Los hechos imputables al yerno del Monarca no tienen que ver con la forma de Estado que libremente fue asumida por los españoles durante la Transición política.”

Es falso de toda falsedad que la monarquía fuera “libremente asumida” por los españoles: su aceptación nos llegó en el mismo paquete que el texto constitucional, al lado y de manera indivisa de las  libertades civiles, libertad sindical, vertebración del estado por autonomías, etc., y no como en Grecia donde el pueblo griego tuvo ocasión de votar en referéndum por la forma republicana de estado frente a la monarquía encarnada en Pablo, el anterior monarca depuesto por el golpe de “los coroneles” y hermano de Sofia, todo ello en España bajo un clima de terror golpista exacerbado por las provocaciones de ETA.

Acabemos pues recordando a Rajoy que solo la brutalidad policial debiera dar mala imagen de España en el extranjero, y que junto con la corrupción política que afecta a su partido en Baleares y Comunidad Valenciana, que está salpicando a la corona lo diga quien lo diga, el temor escasamente inefable de no pocos  periodistas y políticos monárquicos de que algún juez se aviniera a volver a investigar algunos de los casos de los ex - amigos  del rey, Mario Conde, Colón de Carvajal, Javier de la Rosa o Ruiz-Mateos, al mismo tiempo que la separación del juez Garzón de la carrera judicial, dejan claro el sometimiento del poder judicial al consenso de la Transición y a su través a una idea peculiar, no universalista de una democracia y una constitución otorgadas y aún vigentes por los poderes fácticos nacionales e internacionales que habían sostenido a la dictadura de Franco, esa imagen se sale del foco de lo permitido a las democracia de primera clase, por así decirlo, justo en contrario de las actitudes de resistencia a ese verdadero golpe de estado auspiciado desde los poderes financieros de Alemania y Bruselas, que de prisa y corriendo hizo al anterior gobierno Zapatero y con el apoyo entusiasta del PP reformando la constitución en sentido fuertemente significativo de pérdida de soberanía y sumisión a los poderes financieros:

135.3.2
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

La angustiosa situación ante la que los poderes financieros y empresariales estatales e internacionales con la anuencia servil del gobierno Rajoy (y antes al de Zapatero)  ha colocado al pueblo español, a sus clases desposeídas, empezó a generar respuestas y resistencia que no han hecho más que comenzar, fueron primero las grandes manifestaciones del 19 de febrero, casi inmediatamente la que se ha dado en llamar “primavera valenciana” ,al lado de un diario chorreo de manifestaciones de trabajadores víctimas de los recortes y de la reforma laboral.

Ni cerdos (PIGS) ni bovinos como nos quieren, menos aún aprovechados que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, como afirma el discurso nacional-populista en Alemania o Francia, la gente está dispuesta a disputar a la policía y a los políticos que la mandan las calles, se dirigen a los uniformados, les cuestiona su tarea, se niega a huir, a replegarse, a aterrorizarse, y lo hace en nombre de derechos y libertades conculcados, en nombre de la Democracia, cada día mas conscientes de que la estamos defendiendo contra el Capitalismo.