Joaquim Coll
El Pais
Nunca como hasta ahora se había tensado tanto la
cuerda de los argumentos favorables a la independencia en Cataluña
El estudio
sobre las balanzas fiscales que hace poco dio a conocer el consejero Andreu
Mas-Colell según el cual los catalanes aportamos en el 2009 al resto de España
unos 16.000 millones de euros (el 8,4% del PIB catalán), que no regresaron de
ninguna forma, ha servido para remachar la tesis padana de “nos roban”. La
forma como ha sido presentada esta información es muy censurable porque se han
escondido deliberadamente datos que matizan sustancialmente el análisis. De hecho,
el PSC, bajo cuyo gobierno la Generalitat realizó por primera vez el estudio de
esas cuestiones, ha manifestado su desacuerdo por el método empleado. Solo se
ha ofrecido una fórmula, una balanza, cuando anteriormente se publicaron
cuatro. Y, claro, se ha elegido la que ofrece un mayor déficit. En cambio, se
ha censurado la que hasta ahora se consideraba como la más certera, la que se
socializaba en el debate político, pues esta vez daba un resultado inaceptable
para CiU: la reducción del déficit catalán al 0,4%. Sin duda, lo que ha
sucedido es muy grave desde los principios de una sociedad abierta y, sin
embargo, quien ha tenido que defenderse y justificarse son los socialistas,
acusados por algunos de hacer el juego al españolismo.
Aunque el
discurso nacionalista ha colonizado los medios, esa fortaleza expresa también mucha
angustia. Es evidente que el independentismo económico ha logrado estos últimos
años una influencia en la calle muy importante. Y que se muestra muy decidido a
conquistar una mayoría sociopolítica de ahora hasta el 2014, fecha que se
avecina clave por muchas razones. Primera, porque todo apunta a que en Escocia
puede celebrarse un referéndum sobre su pertenencia al Reino Unido, lo que
evidentemente va a estimular otras demandas. Y, segunda, porque en Cataluña hay
un sinfín de iniciativas promovidas por plataformas y entidades parapolíticas
con el fin de que se celebre ese año una consulta oficial, coincidiendo con el
300 aniversario de la caída militar de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714.
Ahora bien, salta a la vista que la tensión y los argumentos de “lesa
humanidad” que hoy se utilizan desde el soberanismo, con el fin de convertir al
independentismo a la mayoría de ciudadanos que se sienten en grados diversos
catalanes y españoles, no se pueden mantener durante mucho tiempo. Tienen fecha
de caducidad: la forma como se resuelva el asunto del pacto fiscal. De aquí
viene la angustia.
El problema
mayor para los que somos federalistas es que se está socializando un relato en
base a la exageración y al engaño deliberado. Un caso clarísimo es el propagado
argumento sobre el supuesto límite a la solidaridad que tienen los länder
alemanes, utilizado para subrayar que Cataluña vive una situación inaudita en
Europa. En boca de los dirigentes de CiU hemos leído y escuchado repetidamente
esa afirmación. Duran Lleida lo dijo en sede parlamentaria, el pasado 16 de marzo. Artur
Mas declaró eso mismo a Le Monde un mes antes, Entretanto, un auténtico
ejército de opinadores lleva meses propagando ese bulo por tierra, mar y aire.
Pues bien, es mentira. Ni en la Constitución alemana ni en ninguna sentencia de
su más alto tribunal hay un límite preciso a la solidaridad. Lo que se
preserva, con una fórmula de nivelación financiera bastante compleja, es que el
orden de las regiones en cuanto a su capacidad financiera no varíe tras el
ejercicio de la solidaridad. Sin duda, sería bueno que el modelo federal alemán
se trasladase a España. Y también que el cálculo económico del cupo vasco y
navarro convergiera con el modelo general, ya que no solo es injusto sino
tremendamente perverso para el conjunto del sistema autonómico.
Muchos creen que el escenario de crisis profunda que
vivimos hace que el momento sea óptimo
Todo esto se
enmarca en un momento muy delicado para la federación nacionalista, pues en
2013 toca revisar el modelo de financiación acordado en 2009. En los próximos
meses, Artur Mas va a tener que elegir entre dos caminos, ambos llenos de
dificultades. O alcanza un acuerdo con el PSC, lo que significa una apuesta por
una nueva mejora de la financiación autonómica en el marco de la LOFCA, en la
línea del modelo alemán. Posición que probablemente también podría suscribir
autónomamente el PP catalán. O CiU se mantiene inflexible en su posición de partida:
un pacto fiscal muy próximo a la fórmula del concierto económico, pero
condenado al fracaso político y, por tanto, a aumentar el grado de frustración.
Ello con el apoyo de ERC y, sorprendentemente también, de ICV, coalición que
aparece cada día más fracturada por la pulsión independentista que encuentra
eco entre los jóvenes provenientes de las clases medias lustradas, electorado
que se disputa en parte con los republicanos.
A fecha de
hoy, es difícil saber cómo se resolverá ese dilema, aunque es cierto que los
convergentes llevan años sorteando tesituras parecidas. Ahora bien, nunca como
hasta ahora se había tensado tanto la cuerda de los argumentos favorables a la
independencia, con declaraciones de mucho peso como las de Jordi Pujol. Y es
que, más allá de la política partidista, existe un movimiento ciudadano
transversal que está trabajando para forzar un escenario de ruptura y empujar a
Artur Mas a convocar una consulta ciudadana con la que quebrar la legalidad
española. Muchos creen que el escenario de crisis profunda que vivimos hace que
el momento sea óptimo. Es fácil echar la culpa de los recortes y de las
dificultades económicas de los catalanes al expolio que, afirman, sufre
Cataluña. Desde el independentismo neoliberal se juega a alimentar el espejismo
de que, sin España, Cataluña pronto se convertiría en una próspera y
competitiva Holanda de sur. La angustia que viven muchos soberanistas es que no
saben cómo CiU resolverá su dilema político.
Joaquim Coll es historiador y coautor de A favor
de España y del catalanismo (Edhasa, 2010).
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